Son términos contrapuestos. Con la primera se debería evitar la segunda. Educación y violencia tuvieron un encontronazo ayer en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, que se encuentra tomado desde hace dos semanas por estudiantes. Un grupo de personas (los ocupantes del Rectorado los identificaron como personal de seguridad de la UNT, alumnos y educadores que se oponen al paro por tiempo indeterminado de la Adiunt) decidió ingresar por la fuerza a la sede central de Ayacucho al 400. Hubo corridas, empujones, golpes y algunos jóvenes denunciaron que fueron heridos.

La huelga universitaria de 83 días no había registrado episodios de violencia física hasta ayer. Adiunt reclama la reapertura de paritarias para que la Nación les otorgue un aumento del 40% en un pago y retroactivo a enero, y que se reforme el estatuto de la UNT para implementar la carrera docente y la plena ciudadanía para los preuniversitarios. La Adiunt no acató la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en un intento de que se encontrara una salida al conflicto. El organismo había dictado la resolución luego de que fracasara el encuentro entre los representantes de la UNT, el Ministerio de Educación de la Nación, el gremio y la Conadu Histórica, que se había realizado en la filial local del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Mientras Adiunt ratificó el paro por tiempo indeterminado, el subsecretario Legal y Técnico de la casa de altos estudios anunció que iban a solicitar que se declarara la ilegalidad de la huelga docente. “A esta altura, la UNT sostendrá en todas las vías institucionales que estamos ante un paro salvaje. Ni siquiera la Conadu Histórica los apoya”, sostuvo el funcionario.

Es censurable desde todo punto de vista el episodio de violencia registrado en el Rectorado, del cual las autoridades universitarias dijeron no ser responsables. Sólo bastaría ver los videos para identificar a los agresores. Estas situaciones de suma gravedad deben hacer reflexionar a las partes del conflicto. La comunidad universitaria ha comenzado a dividirse. Luego de un apoyo mayoritario al reclamo al comienzo, un sector de padres, estudiantes y docentes viene pidiendo el levantamiento de la medida de fuerza por el perjuicio que está ocasionando principalmente a los alumnos, que corren el riesgo de perder el año universitario.

Es imperioso sentarse a dialogar para encontrar una salida al conflicto. El Ministerio de Educación de la Nación no puede desentenderse de un problema que involucra a 4.900 docentes y a 70.000 alumnos, y por extensión a una parte importante de la comunidad de Tucumán y también de otras provincias del NOA. Tampoco deberían hacerlo los legisladores nacionales por Tucumán o el mismo gobernador, quienes podrían gestionar ante las autoridades nacionales la reapertura de las conversaciones.

Una huelga por tiempo indeterminado es el reflejo de la inflexibilidad, de la ausencia de gestos de grandeza de las partes en conflicto para lograr el entendimiento necesario que permita la marcha normal de una institución y de la sociedad misma. Urge que los gremialistas, las autoridades nacionales y las de la UNT busquen una solución. No se trata de torcerle el brazo a nadie, sino de pensar en el daño que se está ocasionando al alumnado con posiciones irreductibles. La violencia y la intransigencia nunca son el camino para llegar a un acuerdo.